Argentina se comprometió a cumplir 20 metas en derechos sexuales de la mujer

Eliminar barreras del Poder Judicial para el acceso a la justicia, garantizar derechos vinculados a salud, reproductivos, de educación sexual integral y de las personas LGBTTTIQ+, son algunas de las 20 metas que la Argentina se comprometió a cumplir ante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (ICPD25) que comenzó hoy en Nairobi.

Representantes de más de 160 países revisarán desde hoy y hasta el jueves el trabajo de la histórica ICPD de 1994 en El Cairo, donde se firmó un programa de acción que marcó hitos como considerar la salud sexual y reproductiva un derecho humano y trató temas como la mortalidad materna o la violencia y prácticas dañinas contra las mujeres.

«El país participa con una comitiva del sector civil y público junto a un documento consensuado, que habla de la importancia de los derechos de la población y el desarrollo en la agenda local», dijo a través de Twitter Gabriela Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia.

Agosto presentará los compromisos en la cumbre junto a Camila Fernández, una joven trans argentina de la organización «Ella decide» (She Decides, sus siglas en inglés).»Estamos contentos de estar acompañados de organizaciones que luchan día a día porque los derechos sean una realidad permanente», señaló.

Un comunicado publicado en la web del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA) indicó que la Argentina se comprometió a trabajar en la «eliminación de todas las barreras en el acceso a la justicia y el cumplimiento y garantía de derechos, en especial los vinculados a salud, sexuales, reproductivos y educación sexual integral, por parte del poder judicial».

Otro compromiso local es el de «definir o explorar nuevas estructuras e instrumentos financieros para la agenda y los tres ceros» (cero necesidades insatisfechas de anticoncepción, cero muertes maternas prevenibles y cero violencia de género y prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina) en particular».

A su vez, se remarca la idea de «incorporar intervenciones interseccionales e integrales sobre salud, salud mental, derechos sexuales y reproductivos en los programas, políticas y estrategias en el marco de la cobertura universal en salud y la educación sexual integral (ESI) y la interrupción legal del embarazo (ILE).»

Y también «renovar el compromiso para terminar con las uniones tempranas forzadas y el matrimonio infantil», como «promover el ejercicio de la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado para personas gestantes, recién nacidos y familia».

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