La segunda pregunta con más respuestas positivas fue la que inquirió sobre el nivel de aceptación de la sanción a los empleadores que no provean a su personal de los equipos de protección previstos según el protocolo de actividades: el 83% dijo estar de acuerdo, mientras también el 10% manifestó rechazo y el 7% eligió la opción “Ns/Nc”.

La multa menos onerosa es para aquellos que salgan de su domicilio sin barbijo. Sobre eso, el 74% dijo estar de acuerdo; el 23% se expresó en contra y el 3% no se pronunció.

Sobre estas respuestas, el médico Francisco Fortuna, presidente del bloque oficialista Hacemos por Córdoba y defensor del proyecto –que fue elaborado por el Poder Ejecutivo- en la Legislatura Unicameral cordobesa, interpretó que hubo una comprensión por parte de la población de que el régimen sancionatorio tenía un carácter “disuasivo y no recaudatorio”. Fortuna recordó que las medidas de impacto económico han demostrado ser eficaces a la hora de contribuir a instalar o desalentar hábitos y citó como antecedente las leyes antitabaco.

El legislador enfatizó la importancia del compromiso y la responsabilidad individual y social para mantener vigentes las flexibilizaciones. Destacó, de todas formas, que también es necesario, en esta etapa, “un control más eficaz por parte del Estado en las medidas de seguridad”.

La encuesta se hizo sobre la base de una muestra de 692 casos, se efectuó entre el 15 y el 16 de julio (antes de la entrada en vigencia) y las preguntas se realizaron de manera directa, individual, por teléfono, SMS y sistema CATI.