En el día del médico, ejecutivo porteño promete analizar la nueva ley

Luego del profundo rechazo y  el primer paro de residentes en los hospitales porteños, el conflicto que desató la semana pasada la sanción de la nueva ley que regula la formación médica de posgrado, las autoridades de Salud ofrecieron rever algunos artículos de la norma.

Ayer a la mañana, residentes y concurrentes de los centros de salud de la ciudad manifestaron su reclamo frente a la Jefatura de Gobierno, en el barrio de Parque Patricios, para solicitar formalmente la derogación del texto que entrará en vigor el 1° de enero próximo.

«La forma en la que fue tramitada esta ley desde su elaboración, sin actores fundamentales, como residentes y concurrentes y nuestras asociaciones, implican una serie de falencias y ausencias que nos llevan a concluir que la misma debe ser vetada«, indica la nota que la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la ciudad de Buenos Aires le entregó ayer al Poder Ejecutivo porteño.

«Implica irrefutablemente un retroceso de nuestros derechos laborales, al legalizar jornadas de hasta 64 horas semanales, sin estipular días hábiles o no; sostiene la figura del concurrente como trabajo ad honorem, sin obra social, aportes jubilatorios, ni ART; vulnera nuestro salario, al desacoplarlo del de los demás trabajadores de planta, y maquilla la guardia como formación intensiva continua, entre otros atropellos», enumera la carta.

El salario de un residente de primer año es de $35.000. Entonces, si cubriera 64 horas semanales en lugar de las 40 sobre las que se estima su ingreso no percibiría 24 horas extras. Otra duda es cómo se ajustará ese monto. La ley no aclara si será por paritarias o por los sueldos de planta; solo dice que será «por acta de negociación colectiva».

Las sanciones disciplinarias son otro punto de conflicto. Incluyen la suspensión hasta 10 días por el incumplimiento reiterado del horario o sus obligaciones y las inasistencias injustificadas, o la rescisión del contrato de residencia por abandono de tareas, inasistencias injustificadas de más de 10 días, una falta grave «que perjudique material o moralmente a la administración» o condenas judiciales.

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